En los próximos días el Gobierno, en cabeza del Ministro del Interior, Rodrigo Lara, radicará en el Congreso el denominado Estatuto Antiterrorista, un proyecto de ley cuyo objetivo central será la creación de una lista —Registro Nacional de Actores Terroristas— en la que se incluirán las personas y organizaciones que el Ejecutivo considere vinculadas al narcoterrorismo. El proyecto se presentaría como una ley estatutaria, lo cual implica que tendrá un trámite legislativo más exigente —mayoría absoluta y una sola legislatura— y un control previo automático de la Corte Constitucional, al regular derechos fundamentales.
Al registro —una especie de lista Clinton criolla— ingresarían organizaciones y personas vinculadas al terrorismo. El proyecto, además, abriría la posibilidad de incorporar nombres que figuren en listas internacionales. De ser así, el expresidente Gustavo Petro podría quedar expuesto a su inclusión, pues, como sabemos, fue incluido en la lista OFAC. Y si el registro se extendiera a las personas jurídicas controladas por quienes figuren en él, cabría preguntarse si esa disposición podría terminar afectando al Pacto Histórico, dada la relación política de esa coalición con el exmandatario.
El borrador del articulado incorpora la figura de del Consejo de Seguridad Nacional, un ente con superpoderes que será quien decida los nombres que se deben incluir en la lista, sin que se contemple un procedimiento previo en el que la persona u organización conozca los hechos que se le atribuyen y pueda defenderse. Es decir, a juicio discrecional de este órgano, cualquier persona o colectivo podrá ser incluido de manera expedita, lo que facilitará congelamientos bancarios y la suspensión de derechos políticos. La única instancia de apelación sería ante el Consejo de Estado.
Es comprensible que el Gobierno busque herramientas para combatir a las estructuras criminales que se multiplicaron en el cuatrienio anterior. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el marco de la Paz Total —la fallida y desastrosa iniciativa impulsada por Petro durante su mandato—, estos grupos crecieron en un 90%. Sin embargo, habrá que tener cuidado pues se podrían estar usurpando funciones propias de la rama judicial y atentando en contra de los Derechos Humanos.
Diversos analistas y líderes de opinión han advertido que el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente por seis meses —sumado a la creación del cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo, de libre designación presidencial— erosionará el balance de poderes. A ello se agrega otra preocupación: la falta de delimitación precisa de las conductas que constituirían terrorismo. Esto abre la puerta a que la movilización social, la protesta pacífica o la simple discrepancia política sean interpretadas como amenazas a la seguridad del Estado, con el agravante que el Consejo Nacional de Seguridad designe estructuras sujetas a medidas especiales, incluidos bombardeos. Es decir, primero se lista, luego se bombardea y al final se averigua si realmente era terrorista. Una inversión del orden de las cosas que, en un Estado de derecho, debería encender todas las alarmas.
Remate al Arco. Todos celebramos que haya mano dura con los terroristas y que se fortalezcan los mecanismos jurídicos que permitan utilizar toda la fuerza legítima del Estado para combatirlos. Pero, tal como está concebido el Registro, en verdad da miedo, cualquier persona puede entrar facilito. ¿Qué tal que al Consejo de Seguridad le dé por revisar lo que escribí sobre Abelardo de la Espriella cuando era candidato? Y yo que me preocupaba por Datacrédito. ⚖️
Hola Jorge! Creo que Colombia debe mirar seriamente, por fin, que estamos frente a actores terroristas multimillonarios, mientras la Cocaina siga campante en su cultivo de la materia prima, cada Vez serán mayores los actores qué quieran derrotar al Estado, mientras este siga siendo garantísta del "derecho humano" del delincuente o criminal y se desproteje al ciudadano de bien, por que no debemos tener miedo en diferenciar qué existen 2 tipos de ciudadanos, el que trabaja honradamente, forma una Familia y cumple a cabalidad con las leyes de convivencia y el que trata de perturbar los derechos de los demás con acciones torroristas y se financia del narcotrafico y de la Minería ilegal y otros actos delictivos como la extorsión,etc, Ellos son los que deberían tener miedo a este estatuto de seguridad, no los que luchamos por un país mejor para las futuras generaciones. Me alegra por esta iniciativa de seguridad. Un abrazo
ResponderBorrarMe parece pertinente y este estatuto seguro tendra qus bemoles y esperamks que no se cometan desaciertos desde lo militar como fue el’estatuto de qeguridad de turbay….
ResponderBorrarJorge Luis, muy interesante tu reflexión en La Lista del Tigre. Entiendo y comparto la preocupación que puede generar la creación de un registro nacional de actores terroristas y la ampliación de facultades especiales del Estado. La historia nos ha demostrado que entregar mayores poderes siempre implica riesgos y que los abusos pueden terminar afectando precisamente a quienes el Estado tiene el deber de proteger.
ResponderBorrarPero también creo que Colombia está cansada de una paz manejada a medias tintas, de procesos interminables en los que muchas veces la violencia continúa mientras el país sigue esperando resultados.
Llegó el momento de enfrentar con verdadera determinación problemas que durante décadas nos han hecho un daño enorme: la corrupción, el narcotráfico, las estructuras criminales y todo aquello que se alimenta de ellas.
¿Existen riesgos cuando se fortalece la autoridad del Estado? Claro que sí. Existe incluso el riesgo de repetir episodios dolorosos de abuso de poder. Por eso los controles institucionales, la justicia y el respeto por los derechos deben permanecer.
Pero también me hago una pregunta incómoda: ¿qué alternativa tiene una sociedad cuando siente que la criminalidad, la corrupción y el narcotráfico han penetrado profundamente sus instituciones? ¿Seguir administrando el problema indefinidamente o tomar decisiones mucho más firmes, aun sabiendo que deben estar acompañadas de controles para evitar excesos?
Experiencias como la de El Salvador han puesto nuevamente sobre la mesa este debate: seguridad, autoridad, derechos y límites del poder. No creo que debamos tenerle miedo a discutirlo seriamente.
Colombia necesita recuperar la esperanza, pero también necesita recuperar el principio de autoridad, combatir frontalmente la corrupción y el narcotráfico y demostrar que la ley está por encima de quienes pretenden imponer su voluntad mediante la violencia.
Y desde mi fe tengo una convicción adicional: agarrados de la mano de Dios, es posible construir un país diferente.
Un abrazo, Jorge Luis. Como siempre, Puntos Reflexivos poniendo sobre la mesa temas que vale la pena discutir.
JS