Hace casi treinta años, junto con mi amigo y colega Alberto Moquera, escribí un libro de carácter técnico. Publicado por la Imprenta de la Universidad Nacional, el manual estaba dividido en dos secciones: la primera, dedicada a una metodología para la elaboración de manuales de procedimientos; y la segunda, una guía práctica para la documentación de trabajos de auditoría.
Hay debates en los que resulta muy fácil tomar partido y muy difícil conservar la cabeza fría. El caso de Rafael Poveda es uno de ellos.
En una democracia, escuchar a una víctima y respetar el debido proceso no deberían ser posiciones enfrentadas. Ambas cosas caben en una misma sociedad y, de hecho, las dos son necesarias. El problema comienza cuando, en nombre de una causa legítima, se termina creyendo que una denuncia equivale a una sentencia.
La Corte Constitucional, en Sentencia T-275 de 2021, reconoció que las presuntas víctimas pueden hacer públicas sus denuncias e incluso identificar al presunto responsable en determinadas circunstancias. Pero ese derecho tiene límites. No es una patente de corso. La libertad de expresión debe convivir con la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia y el debido proceso. Parece una obviedad, pero en tiempos de redes sociales conviene repetirla.
Porque cuando periodistas o activistas dejan de investigar, preguntar, contrastar y escuchar las distintas versiones para asumir el papel de quienes deciden quién es culpable y quién es inocente, algo cambia. Ya no estamos hablando solamente de periodismo. Estamos frente a un tribunal moral inquisidor.
Y los tribunales morales tienen un problema: no necesitan pruebas suficientes, no necesitan escuchar a todas las partes y, sobre todo, no tienen que responder por una sentencia equivocada.
Escuchar a una víctima es un deber. Investigar una denuncia, una obligación. Darle credibilidad inicial a quien se atreve a contar una experiencia dolorosa puede ser una muestra de humanidad. Pero convertir esa primera escucha en una condena definitiva es otra cosa.
Colega… yo te escucho, pero no tengo por qué creerte a la primera ni a la carrera.
El caso de Poveda también pone sobre la mesa el papel de iniciativas como “Yo Te Creo, Colega”. Visibilizar la violencia sexual y ayudar a quienes se sienten víctimas es, sin duda, una tarea necesaria. Pero ninguna causa, por justa que sea, está por encima de la obligación de contrastar, verificar y actuar con responsabilidad. Cuando la militancia desplaza al periodismo, el periodista deja de ser un observador crítico para convertirse en parte del conflicto. Y ahí está el verdadero peligro: que la indignación termine ocupando el lugar de la investigación.
La jurisprudencia constitucional ha buscado precisamente ese difícil equilibrio: proteger la voz de quien denuncia sin convertir al denunciado en un ciudadano sin derechos. Porque la honra y el buen nombre no desaparecen cuando alguien formula una acusación. Tampoco desaparece la presunción de inocencia.
Otro caso muy mediático es el del presentador Jorge Alfredo Vargas que merece mirar con cuidado antes de disparar. Según la información conocida públicamente, lo que pudo presentarse inicialmente ante la opinión como un escándalo relacionado con abuso sexual correspondía, en realidad, a una actuación de carácter administrativo que ya había sido resuelta. Si fue así, el episodio deja una pregunta incómoda: ¿cuánto daño puede hacer una acusación cuando se difunde antes de que alguien se tome el trabajo de leer completo el expediente y entender qué ocurrió?
Porque una reputación puede tardar treinta años en construirse y cinco minutos en destruirse. La justicia necesita pruebas, contexto y serenidad. La inquisición necesita mucho menos: basta con encontrar un acusado.
Me quedan más preguntas que certezas: ¿Cómo vamos a relacionarnos hombres y mujeres de ahora en adelante?
Somos seres sexuados y sociales. Una mirada, un cumplido, una conversación, una invitación, una frase lanzada con humor, un coqueteo sutil o un cortejo directo han acompañado la historia de la humanidad. Eso no está en discusión. Lo que sí deberíamos discutir es si queremos una sociedad en la que cualquier acercamiento pueda convertirse, años después, en motivo de sospecha, señalamiento o condena pública.
Una relación consentida y lícita —incluso una relación privada o clandestina— puede terminar siendo sacada de contexto y utilizada para desacreditar a alguien, afectar su familia, su trabajo o su reputación. En los peores casos, incluso podría convertirse en una herramienta de presión o extorsión.
Por eso hay que recuperar algo que parece elemental: la capacidad de distinguir. Distinguir entre cortejo y acoso; entre atracción y abuso; entre intimidad y delito.
Porque si llegamos al punto en que un hombre tiene miedo de mirar, de conversar, de hacer un cumplido o de expresar respetuosamente que una mujer le atrae, habremos conseguido algo bastante extraño: una sociedad en la que, para protegernos de los abusos, terminemos sospechando de la propia naturaleza humana.
Y entonces la cacería de brujos habrá logrado su propósito más perverso: no solamente encontrar culpables, sino conseguir que los inocentes tengan miedo de ser humanos.
