Desde hace un tiempo, lanzarse por firmas se ha convertido en la ruta predilecta de muchos aspirantes al Palacio de Nariño. No desconozco que esta vía —consagrada por la Constitución de 1991— amplía el espectro democrático y permite que un “grupo significativo de ciudadanos” busque representación al margen de las estructuras partidistas tradicionales. Sin embargo, lo que nació como mecanismo excepcional ha terminado por degradarse en una suerte de feria de vanidades, donde cada precandidato rinde culto a su propia imagen bajo la rentable etiqueta de “independiente”.
En la práctica, la figura ha dejado de ser un instrumento de inclusión para convertirse en estrategia de posicionamiento. Con el respaldo de las rúbricas, hemos visto desfilar candidaturas cuya principal credencial consiste en declararse antipetrista, como si la sola descalificación del presidente bastara para alcanzar la presidencia. Lo paradójico es que quien resulte victorioso por esta vía, gústele o no, tendrá que gobernar con los mismos partidos políticos de los cuales quiso desmarcarse. La independencia, en Colombia, suele terminar donde empieza la necesidad de una coalición en el Congreso.
Si tenemos en cuenta que el número de firmas requeridas debe ser equivalente al 3% del total de votos válidos de la última elección presidencial —hoy, cerca de 635 mil— sorprende que los candidatos, como si fuera una tarea menor, recojan un millón, dos millones o más en cuestión de semanas.
En el caso de Abelardo de la Espriella, según información del diario El Espectador basada en documentos de verificación, de las 5.079.000 firmas presentadas, la Registraduría rechazó el 62% por inconsistencias, duplicidad o datos ilegibles. Aunque sé que la cosa es con votos y no con firmas, se le desmorona el discurso de que más de cinco millones de personas lo están apoyando.
Ahora, la pregunta que surge es: ¿esa recolección se hace a pulso, firma por firma, en la calle, o simplemente se compran en bloque a razón de $2.500 o $3.000 cada una, como se ha denunciado? En este país donde se mueve mucho dinero por debajo de la mesa para las presidenciales —a menudo de dudosa procedencia–, no me extrañaría que fuera lo segundo.
Otro capítulo merece el tema de las consultas. Aunque la respuesta parece obvia, hay una pregunta que no se ha formulado abiertamente: ¿por qué a los precandidatos y candidatos presidenciales les priva participar en consultas? ¿Es sólo por ganar visibilidad o cálculo financiero? El incentivo debe ser tan poderoso que Iván Cepeda quiso repetir consulta pese a que la ley es clara al prohibir que quien haya participado en una pueda inscribirse nuevamente en el mismo proceso electoral.
Por su parte, Roy Barreras desde un comienzo manifestó su intención de “hacerse contar” —según sus propias palabras— y, para ello, estaba dispuesto a medirse en una consulta así fuera con sus vecinos. Finalmente, lo consiguió y aparecerá este 8 de marzo en el tarjetón junto a nombres como Daniel Quintero. Y Claudia López, en su desespero por hacer parte también de una consulta y ante la negativa de Fajardo a acompañarla, consiguió un calanchín de última hora que no creo que llegue siquiera al umbral requerido (3% de los votos válidos).
La respuesta, entonces, es que las consultas son un bello negocio. El Estado reconoce $8.287 por cada voto obtenido en reposición de gastos, recursos que, por supuesto, salen de los contribuyentes. No falta quien diga que ese es el costo inevitable de la democracia, pero no lo veo así. Lo que creo es que se deberían implementar otras formas menos costosas.
Si las consultas solamente dirimen pujas internas entre partidos, movimientos o precandidatos, ¿por qué el Estado debe financiar la resolución de esas disputas? ¿Acaso los partidos y movimientos políticos no cuentan con sus propios recursos para hacerlo?
Creo que hay que cambiar las reglas de juego, empezando por subir el umbral para que quien no lo supere tenga que asumir el costo de su aventura electoral sin recibir dineros estatales. Urge implementar un blindaje legal que impida seguir despilfarrando los recursos públicos en nombre de la democracia.
Remate al Arco. Si no existiera la reposición de votos, ¿cuántos de los actuales precandidatos estarían hoy compitiendo en consultas? Seguramente muy pocos o ninguno. Sin el incentivo del cheque oficial, habrían optado por otros mecanismos menos onerosos —como encuestas internas— pagados con los recursos del partido o con los propios. Pero claro, es más fácil ser demócrata con la billetera ajena.
Mi estimado JLCT, todo se resume a "como es el negocio socio".
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