¿Se Acabó el Efecto Teflón?

                                              

          

En un hecho sin precedentes en nuestro país —o al menos, en su historia reciente— un expresidente ha sido condenado penalmente. El pasado 1 de agosto, la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, leyó la sentencia que declaró a Álvaro Uribe Vélez culpable, en primera instancia, en calidad de determinador de fraude procesal en concurso homogéneo y soborno en actuación penal. En consecuencia, el exmandatario deberá cumplir 12 años de prisión, pagar una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos —unos $3.500 millones— y quedará inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por casi 8 años y medio. En contraste, fue absuelto por el cargo de soborno simple.

Para la jueza, Uribe envió a su abogado Diego Cadena para que convenciera a exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, de testificar a su favor, desligándolo de los vínculos con el paramilitarismo en Antioquia. La defensa alegó que Cadena actuó por cuenta propia, sin conocimiento del expresidente, pero la jueza desestimó esa versión.

Nadie puede negar que Álvaro Uribe es la figura política más influyente de los últimos 25 años en Colombia. Tiene un arraigo popular como ningún otro expresidente lo ha tenido y un poder político y mediático inobjetable. Precisamente por eso, el llamado “Juicio del Siglo” tuvo una connotación especial y representó un reto enorme para la administración de justicia. En un país que cuenta con separación de poderes, nadie —por poderoso que sea— debería estar por encima de la ley. Y cuando un juez dicta sentencia, aunque sea contraria a nuestros intereses o simpatías políticas, lo mínimo que deberíamos hacer es respetarla. Eso no significa renunciar a apelar; por el contrario, el recurso de apelación es una garantía para que la decisión sea revisada por el superior jerárquico del juez y se confirme que todo se hizo conforme a la ley y a las pruebas.

Tengo varios amigos uribistas. Algunos, aunque no lo declaran abiertamente, son defensores a ultranza del expresidente, no admiten comentario alguno en su contra y creen firmemente en su inocencia, no solo en este caso sino en los escándalos del pasado que llevaron a varios de sus ministros a la cárcel. Obviamente están en su derecho y cada quien es libre de creer en lo que quiera. Lo que se me hace inadmisible es que, como el fallo de la jueza no les gustó, entonces la descalifican, deslegitiman su decisión y cuestionan la imparcialidad del proceso. En otras palabras, para ellos el único fallo “jurídicamente aceptable” habría sido absolutorio. Como hubo condena —así esté sustentada— es “persecución política”.

Así como cuando juega la Selección Colombia todo nos volvemos directores técnicos, en este juicio todos nos convertimos en jueces. Y dependiendo de la orilla política en donde nos situemos, damos nuestro veredicto. Como yo no soy abogado —me faltaron 10 semestres y el año de judicatura— no estoy en capacidad de dar un concepto jurídico sobre la inocencia o culpabilidad del expresidente. Tampoco me atrae la idea de leerme los 1.114 folios del fallo, para tener una opinión fundamentada. Lo que sí puedo decir, como ciudadano común y corriente, es que se me hace lógico pensar que Uribe estaba al tanto de las actuaciones de Diego Cadena, quien, a propósito, espera fallo judicial por los mimos delitos. Cuesta creer que una persona del nivel del expresidente sea de esos clientes relajados, que no saben los movimientos de su abogado. Y cuesta, aún más, creer que Cadena se hubiera atrevido a maniobras tan delicadas sin consultarlo primero con su cliente.

Sea como fuere, considero que, en últimas, lo crucial es confiar en nuestras instituciones, respetar los fallos de los jueces y la independencia judicial. Si en verdad respetamos la justicia, no convienen los trinos incendiarios diciéndole a los jueces cómo deben hacer su trabajo o cuál debería ser el sentido del fallo.

Si Uribe en realidad es inocente, si la jueza estuvo sesgada y si no tuvo las garantías debidas en su proceso, supongo que el Tribunal Superior de Bogotá —ante el que se interpondrá la apelación— revertirá la decisión de la jueza. Dado que el Tribunal tendrá la oportunidad de evaluar a fondo los cuestionamientos técnicos y jurídicos que han gravitado sobre el fallo de primera instancia, es muy probable que lo revoque. Pero si eso no llegara a suceder, ojalá los uribistas enardecidos no incendien el país a través de las redes, acusando al Tribunal de estar politizado y a los magistrados de ser petristas. Claro que están en su derecho de alzar su voz de protesta, pero creo que conviene atemperar los mensajes y no contribuir más a la polarización. En todo caso, en este hipotético escenario, queda todavía el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.

El país está pendiente de lo que sigue. Entre tanto, el expresidente Uribe permanecerá privado de la libertad. La jueza ordenó su detención inmediata —medida que me pareció exagerada, pues pudo haberse esperado a la decisión de segunda instancia— y le concedió casa por cárcel. O mejor, finca por cárcel. Habrá que ver si el expresidente se recluirá en la de LLanogrande o en El Ubérrimo.

Remate al Arco. Con humor negro, alguien dijo que toda Colombia debería rodear a Uribe. Rodearlo… para que no se escape.