Consulta a la Fuerza

 

En una nueva muestra de su talante autoritario, el presidente expidió un decreto para convocar la consulta popular. Aún sin el concepto favorable del Senado —requisito constitucional expreso— Petro se empecina en sacarla adelante, lo que constituye un claro desbordamiento de los límites de sus propios poderes y una violación flagrante de la Constitución.

Recuerdo exactamente que el 14 de mayo —fecha importante para la humanidad— el Senado rechazó mayoritariamente el proyecto de consulta popular. El resultado fue: 49 votos en contra y 47 a favor. Sin embargo, desconociendo este hecho, el Presidente insiste en la consulta como si le sobraran los $700.000 millones, en los que se ha estimado su costo. El argumento que maneja el gobierno es que en la votación hubo vicios de procedimiento y que, al no repetirse, se configuró un concepto favorable del Senado por omisión. Dicho de otro modo, la tesis petrista —tan conveniente como peligrosa— sostiene que el silencio del Senado equivale a un sí. Creo que no exagero al afirmar que todo esto es una estrategia para desmontar el equilibrio de poderes y erosionar los pilares de nuestra democracia.

No se necesita ser Hércules Poirot para develar lo que hay detrás del “decretazo”, como lo han llamado los medios: interés electoral puro y duro. Con la excusa de la consulta, el petrismo podrá adelantar campañas para el Congreso y la presidencia, con la plata de todos los colombianos, y abrirá la compuerta para que los funcionarios del gobierno hagan proselitismo político, sin pisar terreno legalmente prohibido. ¿Cabe alguna duda de que este es un gobierno despótico y dictatorial que no le importa pasar por encima de las instituciones, con tal de alcanzar sus objetivos delirantes?

Esperemos que la Corte Constitucional actúe como dique para contener esta inconveniente iniciativa. Lo debería hacer en revisión previa de constitucionalidad del decreto; es decir, antes de que produzca efectos jurídicos y no en examen posterior como ha pretendido el gobierno que se haga, a través de una jugada jurídica. Anticipándose a los hechos y fiel a su estilo incendiario y provocador, el presidente advirtió que, en caso de que la Corte Constitucional tumbe el decreto, el pueblo debe tumbar la Constitución del 91.

Me parece hasta cómico —si no fuera tan preocupante— que Petro, en un nuevo arranque de megalomanía, se considere a si mismo la encarnación del pueblo, autoproclamándose su intérprete exclusivo. ¿Qué pasa, entonces, con los más de 11 millones de personas que no votaron por él en la segunda vuelta? ¿acaso no hacen parte del pueblo?

A mi juicio, a Petro no le interesa realmente la consulta, como tampoco le importa si sus reformas pasan o naufragan; porque, en el fondo, no le importa la gente. Lo que verdaderamente busca es desestabilizar las instituciones, crear el caos, seguir dividiendo a los colombianos con su sempiterno discurso de odio y asegurar que su sucesor —confiando en que deje el poder— sea de su misma línea ideológica. Hasta me atrevería a decir que, a lo mejor, acaricia la idea de terminar en la cárcel —junto a los ministros que firmaron el decreto de marras— por prevaricato. Así podría victimizarse y llamar a una insurrección popular que nos lleve a que nos matemos los unos con los otros, lo cual no resultaría difícil en una nación que es propensa a la violencia.

Remate al Arco. Si el gobierno gana el pulso de la consulta popular y ya entrados en gastos, me tomo la libertad de proponer algunas preguntas adicionales a las ya definidas, que en mi opinión son las que les interesan a los colombianos, o al menos, a mí:

– ¿Está de acuerdo con que el presidente tome clases de ortografía y sintaxis para que deje de maltratar el idioma y no cometa tantos yerros en sus mensajes en X?

– ¿Está de acuerdo con que se declare patrimonio intangible de la nación la incontinencia verbal del presidente que le permite hablar por horas y divagar sin decir nada en concreto?

– ¿Está de acuerdo con que el presidente reciba un bono por cada semana que logre gobernar sin echarle la culpa de algo al Congreso, a las Cortes, a los medios, a las empresas privadas, a la oligarquía o a la oposición?

– ¿Está de acuerdo con que el presidente adelante 5 horas su reloj, con el fin de que no llegue tan tarde a sus citas y compromisos?

¿Está de acuerdo con que la Imprenta Nacional publique un diccionario petrista-español para entender frases del presidente como “Si el capital no se desmercantiliza, el planeta muere.”;“ No hay transición energética sin transición mental” o “El pueblo no elige, elige la historia”

– ¿Está de acuerdo con que, antes de cada discurso, al presidente se la haga una prueba de alcoholemia y sea sometido a control antidoping?

– ¿Está de acuerdo con que cada decreto presidencial sea previamente revisado por un adulto responsable y que venga acompañado de una advertencia tipo cajetilla de cigarrillos que diga: “El abuso de poder es nocivo para la democracia”?

– ¿Está de acuerdo con que el tinto de la Casa de Nariño sea reemplazado por el perico que tanto le gusta al presidente, según lo afirmó Álvaro Leyva?