Con el Decreto 572 del pasado 28 de mayo, el gobierno aumentó las tarifas de retención en la fuente, que, como todos sabemos, es un pago anticipado del impuesto de renta. De esta manera, busca hacerle frente al desbarajuste fiscal del país. Sin embargo, no ha dicho nada respecto a un plan de reducción del gasto público, que sería lo consecuente.
Varios expertos ya han prendido las alarmas. Sostienen que el decreto vulnera el principio de sostenibilidad fiscal y pone en aprietos la liquidez de las empresas, que —conviene recordarlo— son las que generan empleo formal. Para el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, estamos ante una reforma tributaria encubierta que afecta la actividad económica en el corto plazo, golpea el sector empresarial y como si fuera poco, deja una bomba fiscal para el próximo gobierno.
Para el sector empresarial esta jugada significa que tendrán que pagar, en este año, buena parte del impuesto que le correspondía en 2026. Esto, por supuesto, afecta su flujo de caja, especialmente el de las MiPymes, que son, paradójicamente, el motor de la economía nacional. En lugar de asegurar la confianza inversionista del sector privado, el gobierno Petro parece empeñado en hacer todo lo contario: imponer cargas sin medir consecuencias, como si tuviera cierta pulsión por estrangular al empresariado.
Y lo irónico es que la medida no resolverá el problema fiscal del Estado. Por el contrario, lo agravará al abrir un hueco adicional para 2026, pues está adelantando ingresos del año entrante. Como solía decir Francesc Solé, mi jefe en Editorial Planeta: pan para hoy, hambre para mañana.
Pero hay más. A parte de elevar las tarifas de retención en la fuente, el Ministerio de Hacienda redujo el umbral para aplicar dicha retención en pagos por servicios profesionales. Antes, si el pago no superaba las cuatro UVT (unos $199.200), no se aplicaba retención en la fuente. Ahora, con el nuevo decreto, ese límite baja a dos UVT (alrededor de $99.600). Es decir, más pagos —incluso montos bajos— estarán sujetos a retención, afectando directamente el ingreso disponible de muchos trabajadores independientes.
Al ampliar la base gravable del impuesto de renta, más personas lo pagarán de manera anticipada, aun si no han declarado previamente. Esta ampliación también alcanza a entidades sin ánimo de lucro, como iglesias, sindicatos y partidos políticos, que ahora deberán pagar el 3,5% mediante retención en la fuente. Así, miles de contribuyentes acabarán con saldos a favor en renta, sobre los cuales, probablemente, muy pocas personas solicitarán su devolución por la complejidad del trámite o por temor a una fiscalización de la DIAN.
El decreto, en esencia, crea nuevos impuestos sin aprobación del Congreso, lo cual es ilegal y vulnera principios constitucionales básicos. Ojalá prosperen las demandas ante el Consejo de Estado que se han presentado para que se suspenda su implementación
Remate al Arco. El
gobierno, como muchos ancianos que tienen sus prótesis dentales flojas, no sabe
cómo solucionar los problemas de caja.
