Mi pasión por el fútbol y amor por la Selección Colombia me llevó a Perú en 2008, en el marco de las eliminatorias para el mundial de Sudáfrica. Era la primera vez que pisaba suelo peruano. Al llegar a Lima —ciudad que subestimaba injustificadamente— me llevé una grata sorpresa, pues la encontré limpia, ordenada y se percibía segura, al menos en los sectores en los que estuve (San Isidro, Miraflores, el Centro Histórico). Sentí que su capital estaba mejor que la nuestra. Algunos años después regresé, esta vez por trabajo, y la sensación fue la misma.
Hay otros aspectos en los que Perú aventaja a Colombia. Uno de ellos es su gastronomía, considerada como la mejor del mundo después de la francesa. La cantidad de restaurantes de primer nivel que hay en Lima, propiedad de chefs reconocidos mundialmente, varios de ellos con estrellas Michelin, es absolutamente impresionante. En alguno de ellos me comentaron que Perú tiene cerca de 4.000 clases de papa, lo que me pareció un dato increíble. Si me ponen a enunciar los tipos de ese tubérculo que tenemos aquí, a duras penas, podría citar 3 ó 4, no sé si por desconocimiento o simplemente porque no tenemos más variedades.
En materia de investigación judicial, el hermano país también nos lleva delantera. La Fiscalía peruana actúa con eficiencia y eficacia, según lo que se conoce sobre los casos en donde se han visto involucrados presidentes. Las investigaciones llegan hasta las últimas consecuencias —y no es cliché— y arrojan resultados contundentes. Repasemos, rápidamente, lo que ha pasado con algunos presidentes peruanos que han tenido líos con la justicia: Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado, cometidos durante su gobierno; Alan García, investigado por los sobornos de la empresa brasilera Odebrecht, se suicidó antes de que fuera arrestado; Alejandro Toledo, que enfrenta dos órdenes de prisión preventiva, una de ellas por el caso Odebrecht, sigue prófugo en el exterior; Ollanta Humala estuvo en prisión junto a su esposa, por delitos de lavado de activos y asociación para delinquir; Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia antes de que lo destituyeran, también por el escándalo de la constructora brasilera; Pedro Castillo fue destituido por el Congreso por su intento de disolver el Parlamento, gobernar por decreto e intervenir el sistema judicial y ahora, el turno es para la actual presidenta Dina Boluarte, investigada por enriquecimiento ilícito y por no haber podido justificar de donde provino el dinero para la compra de unos relojes Rolex.
En contraste y en lo que se refiere a la historia reciente de nuestro país, frente a hechos de la misma magnitud o incluso peores, ningún presidente ha sido destituido y mucho menos ha terminado en la cárcel. Aquí los escándalos en los que se han visto envueltos los mandatarios han sido graves, pero nunca ha pasado nada. Se comprobó que la campaña que llevó a la presidencia a Ernesto Samper fue infiltrada por dineros del narcotráfico, lo que dio origen al Proceso 8.000 y por lo que Fernando Botero y Santiago Medina fueron condenados a prisión, pero Samper fue absuelto; Álvaro Uribe durante sus 8 años de gobierno enfrentó varios escándalos por los que terminaron en la cárcel varios de sus ministros (Diego Palacio, Sabas Pretelt de La Vega, Andrés Felipe Arias) y altos funcionarios de su gobierno (Bernardo Moreno, Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, Mauricio Santoyo y un largo etcétera), pero el expresidente nunca se vio involucrado; Juan Manuel Santos vio a su exgerente de campaña (Roberto Prieto) ir a prisión por las aportaciones irregulares de Odebrecht a su campaña electoral, pero él ha pasado de agache; Iván Duque para llegar a la presidencia, presuntamente, contó con dinero del narcotraficante Ñeñe Hernández, según audios que así lo revelan, pero la investigación fue archivada por razones que no están muy claras aunque se intuyen; por último, Gustavo Petro, aparentemente, recibió dineros de procedencia ilícita para su campaña presidencial, según lo confesado por su propio hijo Nicolás y su exnuera Daysuris Vásquez. Aunque esto es grave y pone en entredicho su legitimidad como presidente, hasta ahora, no se conocen acusaciones en su contra, ni por este hecho ni por la supuesta violación de topes y la publicidad extemporánea en su campaña.
No sé si la inmunidad política del presidente de la República, que está asegurada tanto en el ejercicio de su cargo como después de haber cesado en sus funciones, es la responsable de que ninguno haya terminado en la cárcel. Deberíamos mirar hacia el Perú y entender por qué ellos han podido y nosotros no.
Remate al Arco. La pregunta que me queda de todo esto es: ¿será que en nuestros jefes de Estado no existe la suficiente responsabilidad política que los lleve a responder ante la justicia como hacemos todos los colombianos? Como dice Condorito: ¡Exijo una explicación!
Apreciado Jorge Luis, eso es culpa nuestra como constituyente primario, deberíamos y tenemos el derecho de exigir justicia, pero mientras el sistema judicial esté politizado y nuestro Congreso, que debe ser de los más corruptos del mundo, hagan las leyes a la medida de la delincuencia política y sea quien juzga al Presidente, No pasa Nada
ResponderBorrarEn lo que a mí respecta, Colombia está permeada por la corrupción en todos los niveles del estado y en todas las ramas del poder público. Creo que prima la ley de “hagámonos pasito”, caso contrario sería una caída tipo dominó.
ResponderBorrarEl Gobierno actual no es ajeno a esta situación, y la corrupción es evidente y descarada; se pasea libremente en cabeza de reconocidos delincuentes de cuello blanco que acompañan a este gobierno, el cual maneja una caja de recursos jamás contada en las arcas del estado, capaz de comprar conciencias y ocultar delitos que difícilmente van a tener castigo, en las actuales circunstancias.
Somos una narcodemocracia muy estable (desde los tiempos del viejito gagoso... no Barco. Lopez Michelsen).
ResponderBorrar*gangoso
Borrarorge, dice la frase popular " La justicia es para los de ruana" o como dijo Bolívar al firmar una ley penal en su tiempo " Pobre de los ladrones pobres" que después en el siglo XX se transformó en que " el Codigo penal, es un perro bravo para los pobres ". En definitiva, nuestra justicia desde épocas republicanas , ha tenido siempre una forma distinta de aplicar según la condición del acusado.Un abrazo!
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