Reforma a la Ley de Servicios Públicos

 



Según lo anunciado por el Gobierno, en este mes de marzo radicará en el Congreso el proyecto de reforma a la Ley de Servicios Públicos. Entre los temas planteados, en el texto preliminar, sobresalen la modificación del régimen tarifario, el cual será de acuerdo con la capacidad de pago del usuario. También crea la figura de comunidades energéticas en zonas en donde no sea factible la prestación del servicio en condiciones normales y, además, establece un mínimo vital —para acueducto, energía eléctrica y gas natural— que tendrá asociado un subsidio para la población en condición de vulnerabilidad. Probablemente, el cambio más relevante que introduce es que “la regulación de los servicios públicos está a cargo del Presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente…”. En otras palabras, el presidente se arroga las funciones de las comisiones reguladoras.

Del articulado conocido se colige que el Gobierno pretende fijar nuevas reglas de juego con una mayor intervención estatal. Así, se instaurará una nueva estructura regulatoria, la cual privilegiará lo público sobre lo privado e incluirá, entre otros aspectos, un cambio en la propiedad y control de las redes de servicios públicos y una regulación especial para ciertos prestadores. Lo anterior, deja la sensación de que en lugar de optimizar el modelo actual, que lleva funcionando 30 años y que ha dado pruebas de eficiencia y solidez, se pretende acabarlo.

En cuanto al servicio de energía eléctrica, no me aparto que se le pueden hacer mejoras para modernizarlo y adaptarlo a las necesidades actuales. A la formula tarifaria se le pueden corregir asimetrías regulatorias y al modelo actual, introducirle ajustes para minimizar la exposición de los usuarios a la alta volatilidad de los precios en la bolsa de energía, lo cual incrementa el valor del kilovatio. Si bien todos queremos un buen servicio, con tarifas bajas, esto no se aseguraría al migrar a un modelo estatal. Por el contrario, significaría un retroceso en términos de eficiencia, competitividad y desarrollo.

En el sector eléctrico, el actuar de la empresa privada ha sido muy importante y mientras sea una actividad rentable, tendrá recursos e incentivos para expandir la infraestructura y mejorar la calidad. Según el Dane y la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), entre 1993 y 2018, el número de colombianos con servicio de energía residencial pasó de 28 a 42 millones de personas —un incremento del 50%—. En la actualidad, la cobertura de este servicio, a nivel urbano, supera el 99%.

Convengamos que este proyecto de ley puede ser bien intencionado y tener un enfoque de protección al usuario final. No obstante, por lo que se conoce, deja más incertidumbres que certezas. Considero que se podría poner en riesgo la confiabilidad del sistema y la cobertura y calidad de los servicios públicos. En especial, preocupa que al estar la regulación en cabeza del presidente, desaparecerán los criterios técnicos en la toma de decisiones para dar paso a intereses políticos, creando un ambiente de inseguridad jurídica que terminará por desestimular la inversión. En el caso del sector eléctrico, dada su complejidad, cualquier decisión antitécnica que se tome puede tener daños irreparables.

Descreo de la conveniencia de esta reforma. Dejar todo en manos del Estado, que sabemos es ineficiente, sería el camino expedito para deteriorar los indicadores de calidad y servicio, todo en perjuicio de los clientes. El llamado es para que el Congreso no apruebe esta reforma o cuando menos, realice modificaciones positivas para consolidar un texto final en beneficio de los diferentes sectores y de la población en general.













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2 comentarios

  1. Excelente articulo. Que peligro concentrar en manos del Gobierno todo y sobretodo en manos de Petro...manejando con sobervia y caprichosamente las tarifas y acabando lel criterio tecnico por politiqueria.
    Felicitaciones Dr Conrrado

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  2. Crónica de un desastre anunciado, nada bueno puede salir de un incompetente como gestor que solo quiere ésta potestad para presionar su populismo a costa de la necesidad. Gracias por el artículo

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